El concejal de limpieza comparecerá en Pleno para explicar el despido disciplinario de 26 trabajadores de LYMA
El concejal de limpieza, Ángel Muñoz, comparecerá este miércoles ante el pleno del Ayuntamiento en relación con el despido de 26 trabajadores de la empresa LYMA que presuntamente habrían falsificado facturas para beneficiarse de ayudas para la compra de material óptico.
El edil socialista, según afirman desde el PP, estará obligado a explicar “el oscuro procedimiento seguido en los 26 despidos ordenados en la citada empresa municipal y que han acabado en los juzgados”.
Muñoz comparecerá obligado después de que en el pleno del pasado septiembre toda la oposición se uniese para exigirle explicaciones por estos asuntos, así como por el caos que existe en la gestión de Lyma.
Desde el PP se critica que la sesión plenaria se celebre a las 8,30 horas “para que ni los vecinos ni la opinión pública de Getafe puedan seguir la comparecencia”. El edil también deberá explicar porqué una de las despedidas le ha acusado de falsificar su firma en una de la facturas.
Sentencia favorable
Mientras, el Ayuntamiento ha emitido un comunicado en el que asegura que ha sido notificada la sentencia del Juzgado nº 36 de lo Social de Madrid que da la razón a la empresa pública LYMA, en el caso de las facturas falsas que presuntamente presentaron algunos trabajadores para cobrar prestaciones sociales recogidas dentro del convenio colectivo. Así, el Juzgado acuerda desestimar íntegramente la demanda interpuesta por el trabajador despedido.
Según fuentes municipales, “esta nueva sentencia, vuelve a dejar patente que la decisión tomada por la empresa es la adecuada, al haberse trasgredido la buena fe actual, también señala que el expediente disciplinario llevado a cabo previo al despedido es el adecuado, no habiéndose causado indefensión al despedido en ninguna de sus fases”.
De la misma manera, el Juzgado desestima íntegramente la petición de prescripción de las faltas cometidas por el despido. Expresamente la sentencia declara “La aplicación de la anterior doctrina jurisprudencial al caso de autos impide estimar el alegato de prescripción efectuada por la representación Letrada de la parte actora, en cuanto el conocimiento de los hechos llevados a cabo por el actor pudo tener la empresa demandada, únicamente se obtuvo cuando concluyó la investigación practicada para el esclarecimiento de la regularidad de la factura presentada por el actor, máxime cuando a simple vista, no podía ser observada su manipulación”.
Concluye la sentencia que “La aplicación de la presente doctrina al caso de autos conlleva la declaración de procedencia del despido operado, en cuanto el accionante ha quebrantado manifiestamente la buena fe contractual, presentando una factura por prestaciones médicas no recibidas para obtener la ayuda asistencial prevenida en el convenio aplicable, ocultando su comportamiento a la empresa demandada, beneficiándose económicamente de una asistencia que no le correspondía”.
“El accionante, se encontraba en activo en la fecha de presentación de la factura y recibió la nómina correspondiente a la prestación, por lo que pudo advertir de existir buena fe contractual el importe abonado y comunicar a la demandada la incorrección de su abono. Lejos de ello, omitió dichos comportamientos llegando incluso a manifestar la realización del tratamiento”.
El edil socialista, según afirman desde el PP, estará obligado a explicar “el oscuro procedimiento seguido en los 26 despidos ordenados en la citada empresa municipal y que han acabado en los juzgados”.
Muñoz comparecerá obligado después de que en el pleno del pasado septiembre toda la oposición se uniese para exigirle explicaciones por estos asuntos, así como por el caos que existe en la gestión de Lyma.
Desde el PP se critica que la sesión plenaria se celebre a las 8,30 horas “para que ni los vecinos ni la opinión pública de Getafe puedan seguir la comparecencia”. El edil también deberá explicar porqué una de las despedidas le ha acusado de falsificar su firma en una de la facturas.
Sentencia favorable
Mientras, el Ayuntamiento ha emitido un comunicado en el que asegura que ha sido notificada la sentencia del Juzgado nº 36 de lo Social de Madrid que da la razón a la empresa pública LYMA, en el caso de las facturas falsas que presuntamente presentaron algunos trabajadores para cobrar prestaciones sociales recogidas dentro del convenio colectivo. Así, el Juzgado acuerda desestimar íntegramente la demanda interpuesta por el trabajador despedido.
Según fuentes municipales, “esta nueva sentencia, vuelve a dejar patente que la decisión tomada por la empresa es la adecuada, al haberse trasgredido la buena fe actual, también señala que el expediente disciplinario llevado a cabo previo al despedido es el adecuado, no habiéndose causado indefensión al despedido en ninguna de sus fases”.
De la misma manera, el Juzgado desestima íntegramente la petición de prescripción de las faltas cometidas por el despido. Expresamente la sentencia declara “La aplicación de la anterior doctrina jurisprudencial al caso de autos impide estimar el alegato de prescripción efectuada por la representación Letrada de la parte actora, en cuanto el conocimiento de los hechos llevados a cabo por el actor pudo tener la empresa demandada, únicamente se obtuvo cuando concluyó la investigación practicada para el esclarecimiento de la regularidad de la factura presentada por el actor, máxime cuando a simple vista, no podía ser observada su manipulación”.
Concluye la sentencia que “La aplicación de la presente doctrina al caso de autos conlleva la declaración de procedencia del despido operado, en cuanto el accionante ha quebrantado manifiestamente la buena fe contractual, presentando una factura por prestaciones médicas no recibidas para obtener la ayuda asistencial prevenida en el convenio aplicable, ocultando su comportamiento a la empresa demandada, beneficiándose económicamente de una asistencia que no le correspondía”.
“El accionante, se encontraba en activo en la fecha de presentación de la factura y recibió la nómina correspondiente a la prestación, por lo que pudo advertir de existir buena fe contractual el importe abonado y comunicar a la demandada la incorrección de su abono. Lejos de ello, omitió dichos comportamientos llegando incluso a manifestar la realización del tratamiento”.
