Por las presuntas irregularidades cometidas en el proceso de adjudicación de una Guía de Comercio
El juez llama a declarar como investigada a la concejala no adscrita
El titular del Juzgado Número 3 de Getafe ha llamado a declarar en calidad de investigada (la figura anteriormente conocida como imputada) a la concejala no adscrita Mónica Cerdá por su presunta responsabilidad en el proceso de adjudicación de una Guía Comercial en la localidad. La providencia dictada por el magistrado, a la que ha tenido acceso Getafe Al Día, la cita el próximo 17 de julio a las 11,15 horas dentro del procedimiento que investiga una posible "prevaricación administrativa" en la contratación de dicha guía.
La denuncia, presentada por el Partido Popular de Getafe, sostiene que en su etapa de gestión al frente de la empresa municipal GISA, Mónica Cerdá podría haber sido responsable de diferentes irregularidades en el proceso de adjudicación de la "Guía de Comercio y Hostelería pro barrios de Getafe".
Según han afirmado desde el PP en su denuncia en los tribunales, en torno a la concesión de la 'Guía de Comercio' existe un "demoledor" informe del Área Jurídica de GISA que recomendaba la no adjudicación de la publicación a la Asociación de Comerciantes y Empresarios ACOEG debido a que "los fines de la agrupación no guardan relación con el objeto de la presente contratación". El informe técnico añadía que "a este respecto hubiera sido conveniente solicitar para la contratación de estos servicios a otra empresas o entidades que estén capacitadas y que entre su objeto y fines guardaran relación con el objeto del contrato".
Los populares también hicieron públicas sus sospechas porque, a su juicio, la Guía "vulneró la ley al no incluir el número de depósito legal en la citada publicación". De acuerdo a la legislación vigente, añaden desde el PP, "todos los editores de una obra publicada en formato tangible, como es el caso de la 'Guía de Comercio y Hostelería', están obligados a solicitar el número de depósito legal, que deberá requerirse antes de realizar la impresión o producción de la obra".
Estos datos y la posible desaparición de documentación oficial relacionada con el expediente de adjudicación de la Guía para contratar la citada publicación, "lo que constituye un indicio de que se ha podido manipular con el fin de facilitar la adjudicación" llevaron a los populares a presentar la denuncia judicial por la que ahora se ha citado a declarar a la edil no adscrita.
La denuncia, presentada por el Partido Popular de Getafe, sostiene que en su etapa de gestión al frente de la empresa municipal GISA, Mónica Cerdá podría haber sido responsable de diferentes irregularidades en el proceso de adjudicación de la "Guía de Comercio y Hostelería pro barrios de Getafe".
Según han afirmado desde el PP en su denuncia en los tribunales, en torno a la concesión de la 'Guía de Comercio' existe un "demoledor" informe del Área Jurídica de GISA que recomendaba la no adjudicación de la publicación a la Asociación de Comerciantes y Empresarios ACOEG debido a que "los fines de la agrupación no guardan relación con el objeto de la presente contratación". El informe técnico añadía que "a este respecto hubiera sido conveniente solicitar para la contratación de estos servicios a otra empresas o entidades que estén capacitadas y que entre su objeto y fines guardaran relación con el objeto del contrato".
Los populares también hicieron públicas sus sospechas porque, a su juicio, la Guía "vulneró la ley al no incluir el número de depósito legal en la citada publicación". De acuerdo a la legislación vigente, añaden desde el PP, "todos los editores de una obra publicada en formato tangible, como es el caso de la 'Guía de Comercio y Hostelería', están obligados a solicitar el número de depósito legal, que deberá requerirse antes de realizar la impresión o producción de la obra".
Estos datos y la posible desaparición de documentación oficial relacionada con el expediente de adjudicación de la Guía para contratar la citada publicación, "lo que constituye un indicio de que se ha podido manipular con el fin de facilitar la adjudicación" llevaron a los populares a presentar la denuncia judicial por la que ahora se ha citado a declarar a la edil no adscrita.