Nueva norma sobre su organización, estructura y funcionamiento
La Comunidad de Madrid aprueba un decreto para regular la Inspección Educativa
La Comunidad de Madrid ha aprobado un decreto para regular por primera vez la organización, estructura y funcionamiento de la Inspección Educativa. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a este decreto “que tiene un doble objetivo: en primer lugar se busca desarrollar reglamentariamente las competencias adquiridas por la Comunidad de Madrid en cuanto a la Inspección Educativa en el año 2006, gracias a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. En segundo lugar, se regula la organización interna de dichos servicios en la Comunidad Madrid”.
Se trata de una nueva norma, ya que hasta desde las trasferencias educativas no se había dictado ninguna con rango de decreto que pudiera fijar un marco regulador de la inspección educativa y que, posteriormente, abriera su desarrollo con normas de rango inferior.
La regulación que se establece en este nuevo decreto busca “favorecer la supervisión y el asesoramiento por parte de los inspectores a los centros educativos; establecer los planes de actuación de la Inspección Educativa para el cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas; adaptar la organización de la Inspección Educativa al ámbito geográfico en el que se ha descentralizado la gestión educativa; y facilitar la formación de los inspectores y la evaluación de la propia función inspectora para que la inspección se convierta en uno de los factores de mejora de la calidad educativa”.
El Servicio de Inspección Educativa es un órgano de la Consejería de Educación e Investigación. Los cerca de 200 inspectores existentes en la región son los encargados de asegurar el cumplimiento de los derechos, deberes y leyes en los más de 2.000 centros educativos, públicos y privados, que imparten Enseñanzas no universitarias.
El Gobierno regional explica que “las actuaciones de este Servicio están enfocadas a lograr un funcionamiento del sistema educativo más ordenado y eficaz, además de facilitar acciones para la mejora de la calidad de las enseñanzas, gracias a la información y el asesoramiento a los centros educativos”.
Se trata de una nueva norma, ya que hasta desde las trasferencias educativas no se había dictado ninguna con rango de decreto que pudiera fijar un marco regulador de la inspección educativa y que, posteriormente, abriera su desarrollo con normas de rango inferior.
La regulación que se establece en este nuevo decreto busca “favorecer la supervisión y el asesoramiento por parte de los inspectores a los centros educativos; establecer los planes de actuación de la Inspección Educativa para el cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas; adaptar la organización de la Inspección Educativa al ámbito geográfico en el que se ha descentralizado la gestión educativa; y facilitar la formación de los inspectores y la evaluación de la propia función inspectora para que la inspección se convierta en uno de los factores de mejora de la calidad educativa”.
El Servicio de Inspección Educativa es un órgano de la Consejería de Educación e Investigación. Los cerca de 200 inspectores existentes en la región son los encargados de asegurar el cumplimiento de los derechos, deberes y leyes en los más de 2.000 centros educativos, públicos y privados, que imparten Enseñanzas no universitarias.
El Gobierno regional explica que “las actuaciones de este Servicio están enfocadas a lograr un funcionamiento del sistema educativo más ordenado y eficaz, además de facilitar acciones para la mejora de la calidad de las enseñanzas, gracias a la información y el asesoramiento a los centros educativos”.
