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La Comunidad de Madrid cambia la Ley del Suelo para suprimir licencias y liberalizar el sector urbanístico

La Comunidad de Madrid cambia la Ley del Suelo para suprimir licencias y liberalizar el sector urbanístico
Redacción / 30 de julio 2020

La Comunidad de Madrid ha dado luz verde al nuevo Proyecto de Ley del Suelo, que, entre otras cuestiones, permitirá suprimir la mayoría de las licencias y liberalizar el sector urbanístico “con el objetivo de impulsar y reactivar el tejido productivo dañado por el COVID-19”.

El Consejo de Gobierno ha aprobado la modificación puntual de esta ley, en el marco del Plan de Reactivación de la Comunidad de Madrid tras la pandemia, que, según el Ejecutivo autonómico, “permitirá eliminar los trámites burocráticos innecesarios que dificultan el trabajo del sector”.

Se suprimen las licencias urbanísticas, excepto las estatales, que hasta ahora eran obligatorias, que serán sustituidas por declaraciones responsables para agilizar los plazos. Esta medida, sostienen desde la Comunidad, “ayudará a impulsar todos aquellos proyectos, nacionales e internacionales, que posicionen, una vez más, a Madrid como palanca de desarrollo, generación de riqueza y atracción de talento, teniendo en cuenta como pilares fundamentales la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente”.

El Gobierno regional afirma que con esta modificación legislativa persigue “animar a que las empresas extranjeras se ubiquen en la región, ya que en España los plazos de obtención de licencias son muy superiores a la media de países de la Unión Europea”.

El Ejecutivo madrileño ya modificó el régimen jurídico de las actuaciones urbanísticas con respecto al comercio minorista y determinados servicios, eliminando la exigencia de obtención de licencia municipal previa de apertura y de actividad, lo que redundó, afirma, “en la mejora del dinamismo comercial y económico de la región”.

En ese sentido, señalan desde la Comunidad de Madrid que, “al igual que se han arbitrado medidas en la actividad comercial, es necesario ahora reducir el gran número de licencias urbanísticas (de obra o reforma integral, de primera ocupación, edificación y otras actuaciones urbanísticas…) existentes en la actualidad y que están generando un coste añadido tanto al ciudadano, como al promotor y al ayuntamiento que las tramita, debido al tiempo que tardan en ser otorgadas”.


REDUCCIÓN DE LOS PLAZOS


Según datos de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA), la media de concesión de una licencia de obras en la región es de 12 meses. A los costes mencionados habría que sumar el freno al empleo ocasionado por dichos retrasos en el sector de la construcción, que crea más del 6% de la tasa de empleo actual en España.

Por ello, destacan desde el Gobierno regional, “la dilatación de plazos para la obtención de licencias penaliza la actividad empresarial, ya que no solo elevan el coste que soporta la propia empresa de forma innecesaria, sino que también ahuyenta la inversión. En ese sentido, se suprimirán las licencias de obras menores que tienen que resolver los departamentos técnicos de los ayuntamientos, y que ocasionan a los particulares una pérdida de tiempo a la hora de realizar una obra de menor calaje”.

Por ejemplo, una comunidad de vecinos que quiera poner una rampa de acceso para personas con discapacidad dentro del edificio ahora lo podrá hacer a través de una declaración responsable, ahorrándose entre dos y cuatro meses de trámites. También se suprimirán las licencias para obra nueva o de reforma integral, así como la posterior licencia de primera ocupación. Dependiendo del ayuntamiento, la espera podría oscilar entre los 12 y los 18 meses.

Con carácter general, se someterán al régimen de declaración responsable en materia de urbanismo las obras de edificación de nueva planta de escasa entidad constructiva y sencillez técnica, la primera ocupación de las edificaciones de nueva planta o los cerramientos de parcelas y solares, por citar ejemplos concretos.

Igualmente se excluirán de la necesidad de contar con licencia previa, ni de presentar declaración responsable a todas aquellas obras y actuaciones urbanísticas de menor entidad, como el cambio de instalación eléctrica, de gas o aire acondicionado, la sustitución de alicatados de baños y cocina y el cambio de puertas y ventanas, entre otros.

Esta modificación normativa se tramitará por el procedimiento de lectura única recogida en el reglamento de la Asamblea de Madrid, por lo que se prevé su aprobación en el mismo mes de septiembre, “con el objetivo de reactivar a la mayor celeridad la situación económica de la región”.


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