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OPINIÓN

¿ES POSIBLE EVALUAR EN LAS CIRCUNSTANCIAS ACTUALES? APROBADO GENERAL COMO PUNTO DE PARTIDA

¿ES POSIBLE EVALUAR EN LAS CIRCUNSTANCIAS ACTUALES? APROBADO GENERAL COMO PUNTO DE PARTIDA
Por Enrique Herrero y Javier Rodríguez profesores de Educación Secundaria / 9 de abril 2020

En las circunstancias actuales ningún docente está capacitado para ejecutar el proceso de evaluación. Ninguno debería hacerlo. Por razones índole pedagógica, social y legal que afectan al conjunto de su actividad y la de su alumnado.

Dada la celeridad con que sobrevino el confinamiento los y las docentes hubimos de improvisar – acelerar, en el mejor de los casos – el uso de plataformas y sistemas de comunicación que nos permitieran continuar con nuestra actividad, Mecanismos que, además, nos vimos abocados a habilitar nosotros mismos, habida cuenta que los que proporciona la Administración son un desastre o directamente ni siquiera son.

Desde entonces se ha debatido mucho – a través de las redes sociales, obvio– acerca de la idoneidad, necesidad, viabilidad y responsabilidad de organizar y mantener algo así como un sistema educativo paralelo, en línea, a distancia, en un intento seguramente de encontrar un punto de normalidad dentro del marasmo y la excepcionalidad actuales.    Dicho debate ha desembocado en múltiples ramificaciones, todas ellas interesantes por su novedad y por lo que implican a futuro: desde cómo atender a la población educativa que carece de medios hasta la saturación de las familias que no dan abasto entre las tareas domésticas y las docentes.

Sin embargo, la vorágine generada ha relegado la reflexión que consideramos más relevante de todas: la de la evaluación del alumnado o, lo que es lo mismo, lo que puede y deba ocurrir cuando tengamos que calificar la evolución de las estudiantes. Tal vez esta discusión no se ha producido aún a la espera de que regresemos pronto a las aulas y que el problema, que a estas alturas ha crecido como huracán en océano, se solvente por sí mismo. O quizá porque, si ya de por sí resulta difícil enseñar a distancia en un contexto tan complejo y enrarecido como éste, tener claro cómo evaluar con los parámetros habituales resulta, sencillamente, imposible.

Hay que ser sinceros y reconocer que no hemos organizado aún una respuesta a esta cuestión. Es difícil, dadas las limitaciones actuales. Pero en el entretanto algunas administraciones, particularmente las más reaccionarias, se nos han anticipado y han mostrado sus intenciones. Lo peor de todo es que a medida que se han ampliado los plazos del confinamiento se han diluido las expectativas de poder evaluar al regresar a las aulas. Y, como los asteroides que se acercan a la Tierra en las películas de ciencia ficción, la cuestión de qué vamos a tener que – o poder - hacer cuando llegue el momento de poner las notas tiene va camino de  convertirse en un impacto de proporciones siderales.

Así las cosas, desde nuestro punto de vista la única salida que nos queda a los y las docentes es que la administración articule, de manera tan excepcional como la propia situación en que nos encontramos, una legislación que habilite la posibilidad de utilizar el APROBADO GENERAL como criterio mínimo de calificación, como se ha utilizado en Italia. Expliquemos por qué.

En primer lugar por una cuestión de carácter legal. Toda actividad docente está regulada y amparada por la legislación. Tanto el día a día en el aula como el conjunto de un curso académico se rigen por unos documentos llamados programaciones, que pretenden planificar y desarrollar el proceso de enseñanza – aprendizaje al tiempo que lo encastran en la Ley. Y lo pretenden: a) conforme a un calendario; b) para un grupo, aula y centro concretos; c) a través de unos contenidos; d) en pos de unos objetivos, y; d) con unas herramientas de evaluación.

Las programaciones por tanto y por definición son sistémicas: si alguno de los elementos que las conforman cambia, el resto tiene necesariamente que ser modificado. El confinamiento ha dinamitado los ritmos, los contenidos, los objetivos, los espacios y hasta la relación de aula, que ya no existe… En consecuencia la evaluación no puede ser la misma que establecimos al comienzo del curso. Sin embargo no se puede modificar la evaluación sin cambiar las programaciones, y eso es imposible a estas alturas porque la inspección tiene la obligación de visarlas y el alumnado el derecho a conocerlas. ¿Cómo hacemos entonces? ¿Mantenemos la programaciones y cambiamos el mecanismo de evaluación? Eso es abiertamente ilegal. ¿Modificamos la programaciones para evaluar de otra manera? ¿Cada uno a su antojo? ¿Sin que sean revisadas por la inspección ni publicitadas a las familias? Eso no solo es ilegal: es una auténtica locura.

En segundo lugar, con carácter genérico, las crisis sacuden más a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, Y en este caso no hay excepción: evaluar bajo el confinamiento solo hará que perjudicar a la población educativa más vulnerable. Porque… ¿Estamos seguros de que todos nuestros alumnos y alumnas disponen del tiempo y los recursos como para poder ejecutar las tareas? ¿Somos conscientes de que pueden darse casos de contagios múltiples y complicados en los hogares, tanto de los profesores como de los estudiantes? ¿O situaciones de emergencia económica? ¿O de brecha tecnológica? Un docente con más de 200 alumnos… ¿Puede elaborar informes personalizados como de cada uno de ellos, como recomienda el Consejo de Estado de Educación? ¿En estas circunstancias? ¿Han pensado antes de hablar?

Recapaciten sobre cada una de esas preguntas que acabamos de formular y otórguenle un sujeto en forma de alumno o alumna en situación de exclusión social Si le sometemos a evaluación en las circunstancias actuales la probabilidad de que no alcancen el aprobado se incrementa de forma exponencial. Ahora anticípense un par de meses y piensen en la EBAU - antes Selectividad -: ¿A quién va a perjudicar en mayor medida la obstinación por mantener la evaluación como si estos días fueran normales? Pues sobre todo a los miles de estudiantes de por sí desfavorecidos, que se van a quedar fuera de la Universidad, no por falta de aptitudes sino de posibilidades. Debemos negarnos a eso, con rotundidad.

Con esfuerzo y de aquella manera los docentes podemos conseguir desde nuestras casas que el alumnado no se desenganche por completo de las tareas, que mantenga ciertas rutinas de trabajo, e incluso trace una gestión diaria del confinamiento que incluya el conocimiento como quien necesita comer o ver la televisión. Pero lo que no se puede pretender de ninguna manera es que con eso dispongamos de los mimbres suficientes como para poder determinar de manera objetiva y atendiendo a lo que dicen nuestras propias programaciones y el interés del alumnado, quién obtiene - y quién no - los objetivos que nos propusimos a comienzo de curso.   

Evaluar hoy según lo que proyectamos en septiembre es como pretender que el convoy del Metro llegue a tiempo minutos después de que un terremoto de intensidad 6.3 haya retorcido los raíles, arrancado de cuajo la catenaria y pulverizado la estación. Las declaraciones del Consejo de Estado y del Consejero de Educación de Madrid, Enrique Ossorio, reclamando evaluar para evitar la relajación y fomentar el esfuerzo en estas condiciones son tan inconscientes como Eva Braun bailando en un Berlín sitiado por los aliados. Nos piden que nos saltemos nuestras programaciones y que ahondemos en el perjuicio de la parte más vulnerable del alumnado. Justo lo contrario de lo que hacemos en la escuela pública cada día.

Evaluar es una responsabilidad enorme; seguramente la más importante que debe desempeñar un maestro. Supone en última instancia decidir quién sigue y quién repite. Tras cada suspenso y cada aprobado hay la vida de un chaval. Por eso, hoy en día, el elemento que puede ampararnos para tomar la única decisión justa sobre una calificación es un marco legal que borre la delgada línea que separa la sonrisa del llanto, la esperanza de la desesperación. La única salida viable a este endemoniado problemón imprevisto es que el legislador articule de una vez por todas y sin demasiada demora un salvoconducto legal que nos permita a los que ejercemos la docencia no tener que evaluar bajo la incertidumbre que provocan el arbitrio y el libre entendimiento de cada cual. La única licencia posible pasa por que la nota de partida de toda calificación sea un APROBADO, con independencia de lo que el alumno pueda o no hacer estas semanas.

Porque con la programación en la mano no podemos suspender a un estudiante con unos criterios distintos a lo que en su día le explicamos que utilizaríamos lo largo del curso. Porque resulta absurdo evaluar contenidos y competencias cuando el único objetivo fundamental hoy es preservar la vida propia y la de los demás. Y porque nos negamos a que en esta crisis paguen más lo que menos tienen. La escuela pública no debe servir para castigar a los más desfavorecidos sino justamente para lo contrario. En un contexto de crisis es, junto con el resto de servicios públicos, su única cobertura. Por mucho que algunos se empeñen en lo contrario.



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