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OPINIÓN

LOS PRIVILEGIOS DE LA IGLESIA EN GETAFE (I). Lo que el listado de inmatriculaciones no cuenta

LOS PRIVILEGIOS DE LA IGLESIA EN GETAFE (I). Lo que el listado de inmatriculaciones no cuenta
Enrique Herrero - Miembro de 'Recuperando' / 26 de marzo 2021

 El 16 de febrero de 2021 el Gobierno del PSOE - Podemos ha hecho público un informe en el que se referencian casi 35.000 bienes que la jerarquía católica ha inmatriculado – es decir, inscrito por primera vez a su nombre en los registros de la propiedad – desde 1998 hasta 2015. Muchos de ellos haciendo uso de un privilegio franquista de 1946 que consideraba a la Iglesia como parte de la Administración y equiparaba a los obispos con fedatarios públicos. Ese privilegio, sobrevenido inconstitucional en 1978, se reactivó a partir de una modificación perpetrada por Aznar en 1998, que habilitaba a los obispos para inmatricular bienes sin necesidad de mostrar título de propiedad alguno que lo justificase: bastaba con su sola certificación, con su palabra. Y centros de culto, sí, pero no solo.

En resumen: cuando en un Registro de la propiedad figura un bien inscrito a nombre de la jerarquía de la Iglesia – en cualquiera de sus denominaciones - bajo la fórmula… “al amparo del artículo 206 de la Ley hipotecaria”, eso significa que el Obispo no disponía de título de propiedad previo que poder invocar: ni compra, ni herencia, ni donación. Y entonces se acogía al privilegio franquista que le permitía acceder al Registro con su sola palabra. Este bien lo inscribo porque lo digo yo. Así de simple. Un procedimiento absolutamente insólito e irregular que a nuestro juicio convierte toda las inmatriculaciones realizadas a su amparo en nulas de pleno derecho: como si no hubieran existido.

Hablamos en muchos casos de bienes que antes de eso eran de dominio público. Y de toda índole, además: templos y monumentos, plazas, quioscos, parques, locales comerciales… Y también fincas rústicas. Que es lo que nos ocupa en este artículo. Hasta 35.000 en 17 años. Más de 2.000 por año. Más de cinco al día. Sin duda, un tarea absolutamente premeditada y planificada. La pregunta que cabe hacerse es… ¿Qué bienes inmatriculó la jerarquía de la Iglesia y por qué?

Pues a pesar de ser muy variados, podemos establecer tres criterios:
  • Que la jerarquía de la Iglesia nunca inmatriculó ruinas. Siempre esperó que se rehabilitaran, con dinero público, en general.
  • Que siempre ha intentado sacar beneficio económico.
  • Que las las inmatriculaciones no le costaran más allá de lo que vale el asiento en los Registros.

De esos casi 35.000 bienes inmatriculados bajo estos tres criterios, cuatro se encuentran en la ciudad de Getafe. A saber: una finca en la parcela de Valdelobos – para situarnos, dentro de la delimitación de los terrenos del desarrollo del Parque Empresarial de la Carpetania, Fase II.; la ermita de San Isidro en la calle Toledo; la Iglesia de San Eugenio en la Plaza Palacios y, por supuesto, la Catedral de la Magdalena. Hay más, pero estos son los que se inscribieron a partir de 1998. Habrá tiempo de hablar de todos ellos en sucesivas entregas. Pero por el momento postergamos lo más escandaloso para el final y vamos con lo que, en comparación, toma el aspecto más liviano: la finca de Valdelobos, que cumple con los tres criterios: no es una ruina, no le ha costado más que el asiento en el Registro y, desde luego, le ha procurado un beneficio económico.

Según los datos del Registro de la Propiedad número 1 de Getafe, la Diócesis de Getafe inscribió a su nombre y al amparo del artículo 206, en julio de 2014, la Parcela 22 del Polígono 24, ubicada en el enclave del desarrollo de la Fase II del Parque Empresarial La Carpetania: para situarnos, el espacio comprendido entre el aeródromo, la autovía A-4 y la circunvalación M-50, y las instalaciones de AirBus. Hasta aquí, nada distinto al resto de las inmatriculaciones: una finca sin inscripción previa en el Registro, que la Diócesis inmatricula al amparo de un privilegio franquista.

Sin embargo, esta inmatriculación oculta un elemento que la hace un tanto diferente y bastante más cuestionable. Y es que dicha zona, que en su día era suelo de labor y en la actualidad está clasificada como suelo urbanizable, se encuentra afectada por un proceso de expropiación que comenzó en 2007. Es decir, que cuando la Diócesis accedió al Registro para poner esa finca a su nombre era perfectamente consciente de que a futuro iba a ser expropiada: porque el proceso de expropiación se inicia en 2007 y la inmatriculación se produce en 2014.

Si se observa en un plano catastral, la parcela 22 del polígono 24 es una más en un puzzle de mil piezas. Para que nos hagamos una idea: el total de la superficie que ocupa representa una milésima parte con respecto a los terrenos del desarrollo de Carpetania sometidos a expropiación: 2353 metros cuadrados de la parcela de la Iglesia frente a los 2,15 millones totales. Hay decenas, quizá cientos, de fincas alrededor, con sus propietarios reconocidos, con sus trayectorias urbanísticas e históricas supuestamente bien definidas. Y en el medio de ellas, ésta que nos ocupa y que ahora está inscrita a nombre de la Diócesis.

Si alguien levanta un adoquín de la Plaza de San Pedro y a la primera encuentra un tesoro, podemos intuir que sabía de antemano que debajo se ocultaba algo. Lo mismo ocurre con la parcela de Valdelobos. Había que saber que estaba allí, que no figuraba inscrita en el Registro y que se sometería a expropiación.

La Diócesis ha explicado que ya tenía vinculación con la parcela desde 1929. Puede ser. Pero esto solo hace que reforzar nuestra hipótesis de que no podían demostrar que fuera de su propiedad hasta que en el 2014 la inscriben ¿Por qué?

Pues porque el proyecto de expropiación prescribe que para acceder a la compensación por justiprecio es imprescindible mostrar acreditación bastante. Lo que tenga la Diócesis desde 1929 no lo es. Y, a sabiendas de ello, en 2014, de manera casi clandestina y amparándose en la autocertificación – esto lo inscribo porque lo digo yo -, inmatricula la finca. Necesitaba conseguir esa acreditación bastante, la obtuvo con la inscripción en el Registro y, como ella misma ha reconocido recientemente, eso le permitió percibir lo acordado con la Administración.

Ya tenemos el tesoro debajo del adoquín: para poder expropiar la Comunidad de Madrid ha tenido que pagar a la Diócesis por una parcela que solo es suya porque el Obispo echó mano del privilegio franquista y del artículo 206. Cuando la Iglesia inmatricula esa finca presumiblemente ya está en su mente obtener un beneficio, sobre todo si para ello lo único que tiene que verificar es que no estaba inscrita y, acto seguido, ponerla a su nombre. ¿Por qué si no iba a inmatricularla en el año 2014? Podía haberlo hecho en 1950, 1960… en el 2000. Pero no lo hizo porque entonces la parcela 22 del polígono 24 - si es que entonces se llamaba así - carecía prácticamente de valor: era una tierra de labranza poco cotizada. Es en 2007, cuando esa finca entra dentro del proyecto de expropiación, que la cosa cambia: su precio se multiplica.

Ahora que han comprendido esto, multipliquen la maniobra por 35.000 – que son los bienes reflejados en el listado - y serán conscientes de la envergadura de lo que estamos abordando. Aún más: piensen en la estimación de 100.000 inmatriculados desde 1946 y entenderán por qué razón lo llamamos escándalo monumental. En Getafe, Valdelobos es solo el inicio: responde al tipo de inmatriculación habitual, pero no es ni mucho menos la más sorprendente. No lo es en comparación con la inmensidad del expolio en el conjunto del Estado, ni tampoco en relación a otros asuntos del municipio.

Asegura la Conferencia Episcopal que no es su deseo quedarse con nada que no sea suyo. Pues esta finca no lo era hasta que la inmatriculó sin tener que demostrar nada. Se la quedó a hurtadillas y amparándose en un privilegio franquista. La ampliación del parque tecnológico era una prioridad para el futuro del municipio y el Obispo, perfecto conocedor de esta situación, hizo de la necesidad virtud. Porque, además, a partir de la publicación del listado tiene muy claro que si alguien quiere reclamar tendrá que recurrir judicialmente. Posiblemente espera que nadie pleitee y que el justiprecio – por el que además no tendrán que tributar – vaya a parar íntegro a su buchaca.

Si realmente piensan como dicen, y no quieren quedarse con lo que no es suyo, en su mano está devolver el dinero e impedir que todos paguemos el coste de su privilegio.

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